López, líder del partido de la oposición Voluntad Popular, se entregó a la Guardia Nacional el 18 de febrero de 2014 tras una manifestación que organizó contra el Gobierno en un contexto de meses de protestas de detractores y partidarios de Nicolás Maduro, en las que murieron 44 personas, varios cientos resultaron heridas y miles acabaron detenidas.

El ahora condenado fue acusado de cargos que incluían terrorismo, homicidio y daños corporales agravados, instigación pública, daños a la propiedad, incendio en grado determinador y asociación para delinquir, y desde entonces está detenido.

Los estudiantes Christian Holdack, Demian Martín y Ángel González, que fueron enjuiciados junto a López, también han sido declarados culpables, pero cumplirán su condena fuera de prisión y seguirán en libertad condicional.

“Los cargos contra Leopoldo López nunca fueron adecuadamente sustanciados y la sentencia de prisión en su contra tiene una clara motivación política. Su único ‘crimen’ es ser líder de un partido opositor en Venezuela”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Guevara-Rosas apuntó que López “nunca debió haber sido arrestado arbitrariamente o enjuiciado” porque es “un prisionero de conciencia” que “debe ser liberado inmediata e incondicionalmente”. “Con esta decisión, Venezuela está eligiendo ignorar principios básicos de derechos humanos y dando una luz verde a más abusos”, añadió.