Esta asociación denunció a través de un comunicado que “nuestro Gobierno no ha sabido estar a la altura de las circunstancias para defender una gestión global europea en materia de asilo que diera solución a esta crisis” y “se ha mostrado muy poco dispuesto a asumir sus obligaciones jurídicas y las medidas propuestas por los organismos internacionales”.

En este sentido, Jueces para la Democracia recordó a las instituciones que “la protección de las personas refugiadas no es una cuestión de caridad de carácter opcional”, al tiempo que destacó que se trata de “un asunto referente a la protección de los derechos que tiene contenido obligatorio”.

Según la asociación, “los deberes legales del Estado español vienen impuestos por haber ratificado la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el protocolo de Nueva York”, por lo que debería respetarse ese derecho de asilo de las personas que sufren persecución en su país.