Catalá inauguró esta mañana una jornada sobre ‘Mujer, Justicia e Igualdad. Los retos pendientes’, organizada por el Colegio de Abogados de Talavera, coincidiendo con el 20 aniversario de la ‘Cumbre de Beijing’, que supuso un importante avance en las políticas de igualdad para la mujer.

Según informó Justicia, el ministro señaló que las administraciones no han sabido dar respuesta hasta hace muy poco tiempo a la violencia de género y, en esa línea, se refirió a las reformas emprendidas por el Gobierno a lo largo de esta legislatura, de las que dijo que está “moderadamente satisfecho”.

El titular de Justicia destacó, en este sentido, la aprobación del Estatuto de la Víctima del Delito, con amplio apoyo parlamentario. Explicó que este estatuto anticipa directivas comunitarias en la materia y establece las normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, así como de familiares en los supuestos en los que éstas fallezcan.

REFORMA PENAL

En cuanto a la reforma del Código Penal, en vigor desde el mes de julio, Catalá indicó que la misma aumenta los supuestos en los que es aplicable una medida de libertad vigilada a las víctimas de delitos de violencia física o psíquica habitual en el ámbito de la violencia doméstica.

Además, esta reforma penal incluye el género como motivo de discriminación entre las circunstancias agravantes, tipifica el delito de acoso e introduce mejoras en los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

El ministro también se refirió a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que incidió en que incrementa los casos sobre los que pueden resolver los juzgados de violencia sobre la mujer y al real decreto que modifica el régimen de tasas y el sistema de asistencia jurídica gratuita de forma que las víctimas no tengan que acreditar insuficiencia de recursos para litigar.

Asimismo, el ministro también citó como reforma introducida la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que introduce novedades en torno a los requisitos para contraer matrimonio y en materia de indignidad sucesoria que afectan a los supuestos de violencia de género, con el fin de otorgar una mejor protección ante estas situaciones.