Fuentes jurídicas indicaron a Servimedia que tras la petición del Ministerio Público, el magistrado retomará con toda probabilidad las diligencias y tomará nuevas declaraciones, aunque estiman que es poco probable que rectifique el archivo, que acordó por segunda vez este verano.

En su auto del pasado 6 de agosto, el juez concluía que "en las pruebas practicadas de la documental aportada y del segundo informe presentado por los peritos del Banco de España no desvirtúan la resolución" que adoptó en junio de 2014, en la que archivó las denuncias que UPyD y la asociación Kontuz presentaron contra los directivos de la entidad.

Para el juez Velasco, no está "debidamente justificada la perpetración de los delitos" que han dado motivo a la formación de esta causa en lo que se refiere a "actuaciones bancarias entendidas como 'sistemáticas' que podrían haber afectado al conjunto de la economía nacional, generando un perjuicio patrimonial".

La Audiencia Nacional reabrió el caso Banca Cívica al estimar el recurso de UPyD contra la decisión del juez Velasco de archivar la investigación, pero finalmente el magistrado volvió a acordar el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa.

Ahora, la Fiscalía argumenta que el contenido de esas pruebas periciales no es concluyente, e incluso apunta en su recurso la posibilidad de que se hallen nuevas pruebas relativas a la gestión económica de la Caja.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional señalaba en su auto, que "una comparativa de la actuación del estado de la situación contable de Banca Cívica con las cifras medias de otras cajas similares en el conjunto de la economía nacional, explican la disminución de la solvencia de la entidad y reflejan de manera adecuada su situación patrimonial en diferentes cortos periodos seguidos de tiempo".

Según exponía, "los ajustes continuados que realiza la entidad creada 'a valor razonable' no implican que la contabilidad en libros fuese incierta, ni estuviese 'maquillada' para engañar a la Administración ni a los usuarios".

Y agregaba en el auto que la constitución de Banca Cívica fue "una operación fundamentalmente sólida" y su proyecto de integración "consistente y razonablemente viable". Además, el juez Eloy Velasco sostiene que su equipo directivo tenía "una capacidad satisfactoria, adecuada y respondía a una experiencia probada en el sector".

Para el juez, "el proceso de saneamiento contra reservas fue generalizado también en otras entidades bancarias del entorno teniendo en cuenta el periodo de baja liquidez y elevada incertidumbre derivado de la crisis económica".

"No aparecen pérdidas incurridas sin contabilizar, no hay saneamientos pendientes, la solvencia de la entidad siempre tiene respaldo contable superando en algunos momentos la exigida oficialmente, se cumple la muy oscilante y precipitada legalidad bancaria nacional y comunitaria y las cuentas son auditadas constantemente", defendía Eloy Velasco.

Asimismo, insistía que el erario público "no ha obtenido pérdidas en estas operaciones, devolviéndose el préstamo del FROB con sus elevados intereses" y que, además, los inversores y preferentistas, que han pasado a ser accionistas de CaixaBank, "quedaron sometidos a fluctuaciones bursátiles mucho más benévolas que las que conocieron en el reciente pasado".

Por otro lado, sobre la dotación de 3.850 millones de euros aportados como ajustes por CaixaBank al absorber Banca Cívica, el juez Velasco indicaba que "no se deben a la cobertura de pérdidas ocultas, sino a las nuevas exigencias derivadas de los decretos de saneamiento financiero".