El CAA informó en un comunicado de la resolución que ha adoptado después de una queja que ha recibido "por la omisión, tanto en las emisiones nacionales de La1 como en las territoriales, de las declaraciones realizadas por la afectada en rueda de prensa el mismo día de su detención así como de las opiniones favorables a su gestión procedentes de distintos sectores".

El informe técnico elaborado por el CAA, explica la nota, "confirma que las informaciones emitidas en las dos ediciones de los informativos regionales de TVE del día 25 de junio -fecha de la detención y posterior puesta en libertad de Villafranca- no ofrecieron ni directa ni indirectamente la versión que la principal afectada ofreció en una comparecencia ante los medios de comunicación".

La noticia abrió la primera edición del informativo regional (14 horas) y fue segunda noticia en la siguiente edición (15.55 horas) en la que se realizó una conexión en directo con Granada. Los telediarios regionales del día siguiente vuelven a informar sobre este caso a través de declaraciones críticas del alcalde de Granada, y "sin trasladar a la audiencia las valoraciones de la propia afectada por la noticia ni tampoco de la Junta de Andalucía, administración responsable última del Patronato de la Alhambra", subraya la resolución.

En su decisión, el Consejo recuerda a TVE-Andalucía que "una de las normas básicas de la deontología periodística, vinculada a los principios de veracidad, rigor y honestidad en el ejercicio del periodismo, es la imparcialidad informativa. Una norma que exige ofrecer a la opinión pública los diferentes puntos de vista posibles sobre un hecho noticioso y, en particular, el de las personas, instituciones u organizaciones citadas o implicadas directamente".

A su juicio, el incumplimiento de este principio básico del periodismo -la imparcialidad informativa- y de las normas que rigen en el ente público no es puntual en TVE Andalucía, y recuerda que "desde enero de 2014, el Consejo ha aprobado cinco resoluciones en las que apercibe a los servicios territoriales de RTVE a raíz de quejas por manipulación informativa, ausencia de pluralismo político e imparcialidad en el tratamiento informativo de asuntos que generan controversia y confrontación política".

El CAA destaca en su decisión que, a pesar de tales requerimientos, la autoridad audiovisual no sólo no ha recibido ninguna respuesta por parte del prestador público, sino que ha constatado una reiteración de comportamientos "inadmisibles en una sociedad democrática en la que los medios audiovisuales públicos son servicios esenciales" para garantizar derechos fundamentales.

Ante esta circunstancia, el Consejo ha acordado remitir esta resolución a los grupos políticos del Parlamento de Andalucía y del Congreso de los Diputados, a la dirección de la corporación y a su Consejo de Informativos de TVE.