Esta fue una de las peticiones que hizo en nombre de la federación su secretario, Mikel Mazkiarán, durante la presentación en Madrid del ‘Informe Anual 2015 sobre el racismo en el Estado Español’.

Subrayó especialmente que esa gestión conlleva dedicar recursos en educación, sanidad y prestaciones sociales. “No es sólo el recurso habitacional. Es una cosa más compleja”, dijo, apelando a “la sensibilización” sobre “qué es una persona refugiada”, con especial atención a su cultura, su credo (de mayoría musulmana).

“Al hilo de la crisis discriminatoria, sea cual fuere la cuota de reparto, es casi seguro que se producirán situaciones de conflicto. El Gobierno tiene que estar preparado. Que articule y active campañas de sensibilización para esa acogida de personas de solicitantes de asilo", dijo.

A pesar de que SOS Racismo observa “una buena predisposición” a dar la bienvenida a los refugiados entre la población española, los datos de su informe reflejan que en 2014 hubo 330 casos de denuncias de discriminación a los inmigrantes.

La mayoría de ellos (77) corresponden a “racismo institucional”, un concepto que no recogen las estadísticas oficiales del Gobierno. También son numerosos los conflictos y agresiones racistas (63) y las quejas por cuestiones de denegación de acceso a prestaciones y servicios públicos (61).

Mazkiarán subrayó su preocupación por el incremento hasta nueve las denuncias por racismo relacionado con la extrema derecha y el discurso del odio, que ha pasado del 1% al 3% en este informe. Con todo, la cifra general es menor que la contemplada el año anterior, cuando SOS Racismo recogió en sus organizaciones un total de 391 casos.

RACISMO INSTITUCIONAL

El racismo institucional abarca cuestiones de discriminación en relaciones con la administración o entre particulares, por lo que van "más allá del ámbito penal": trámites de nacionalidad (con negaciones “absolutamente infundadas”, que crea situación “penosa” para personas, con hasta dos años de espera); trámites de extranjería (como retraso en los expedientes); y en agresiones en los centros de internamiento.

En el bloque de conflictos y agresiones racistas, el secretario de la federación diferenció las que se dan entre particulares (con aumento de los conflictos vecinales) y las agresiones “expresas y claras” en el ámbito público a personas extranjeras, que se dan “por el hecho de ser de fuera” (éstas alcanzan el 21% del global de las agresiones racistas).

También se percibe que muchos locales y servicios públicos siguen esgrimiendo “excusas” para no permitir el acceso a extranjeros.

La presentación del informe concluyó con una serie de peticiones dirigidas especialmente a los partidos políticos en el marco de las próximas elecciones generales, como incluir en los programas electorales una ley contra la discriminación y un código ético que impida la “autocomplacencia” dentro de las formaciones con aquellos políticos que se opongan a vivir con inmigrantes.

En este punto se felicitó de que en Vitoria y Badalona no sigan gobernando sus anteriores alcaldes, tras sus polémicas con la población inmigrante.