Del mismo modo, la citada confederación pide en un comunicado que se reduzca “drásticamente” la lista de espera de los beneficiarios que tienen reconocido el derecho a prestación pero que todavía no la reciben.

“A pesar de que la incorporación de las personas con dependencia moderada al Saad ha sido un avance muy esperado y demandado por nuestro colectivo, la lista de espera de personas con derecho a prestación pero que todavía no la reciben tiene que reducirse drásticamente, puesto que en la mayoría de los casos se trata de personas que llevan muchos años esperando para incorporarse al Sistema”, explica el presidente de la entidad, Mario García.

En este sentido, Cocemfe reclama a las comunidades autónomas y Ejecutivo central que destinen los recursos humanos y económicos necesarios para que las personas dependientes puedan contar en el menor tiempo posible con el reconocimiento de su grado de dependencia, un Programa Individual de Atención (PIA) y la resolución que determina los servicios o prestaciones que les corresponden.

Por otra parte, la organización señala que pese a reconocer el incremento presupuestario para dependencia en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2016 y ser consciente de que podría volver a incrementarse según se vayan incorporando nuevos usuarios, apuesta por volver a instaurar el nivel acordado de financiación entre comunidades autónomas y administración central, eliminado en 2012.

A juicio de Cocemfe, la supresión del llamado nivel acordado “ha hecho recaer un mayor esfuerzo en las administraciones autonómicas y esto, unido a los demás efectos de la crisis, ha conllevado un aumento de la aportación de los usuarios, la restricción de las prestaciones y, en definitiva, la frustración de muchas personas del colectivo que han visto incumplidas las grandes expectativas generadas en torno a esta ley”.

En relación a la aportación económica de los beneficiarios, la confederación destaca “la gran acogida” que está teniendo la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra el copago confiscatorio en materia de dependencia promovida por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que ya ha logrado superar el umbral mínimo exigido para poder presentarla en el Congreso de los Diputados, 500.000 frimas.