La proposición no de ley fue defendida por la procuradora socialista María Sirina, quien denunció que el plazo se acerca más al año que a los seis meses.

Según explicó la socialista, desde que una persona solicita la prestación hasta que es valorada transcurren seis meses y para recibir la prestación ni se fijan plazos. Por ello, remarcó la necesidad de establecer un plazo máximo tanto para la valoración como para el disfrute de la prestación.

Del mismo modo, la procuradora socialista pidió el establecimiento de un procedimiento especial de urgencia para los casos más graves y urgentes, de forma que los usuarios puedan recibir los servicios en un plazo máximo de 30 días.

Por su parte, la procuradora popular Paloma Sanz reiteró, en su intervención, que Castilla y León es la mejor comunidad en la aplicación de la Ley de la Dependencia. En cuanto a los retrasos, los justificó en que para evaluar la situación de un dependiente en ocasiones es necesaria la colabración de otras administraciones (como el Imserso o Hacienda, por ejemplo) y su demora se traduce en el retraso de las resoluciones.