Este registro se activará en el momento en que el Gobierno fije el cupo de refugiados que España va a acoger y las ciudades donde los va a distribuir, informó el Consejo General de la Abogacía. Los profesionales inscritos asesorarán y tramitarán, en su caso, las peticiones de asilo que se soliciten.

“Se trata de tejer una malla humana para atender todas las necesidades de los refugiados. La Abogacía, que puso en marcha el primer servicio de atención a inmigrantes hace más de 25 años en Zaragoza, está preparada para dar respuesta inmediata a sus necesidades jurídicas y para garantizar que se respetan sus derechos, entre ellos el derecho de asilo. Respetar los derechos humanos significa cumplir las normas legales”, aseguró Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española.

Por su parte, el vicepresidente Oriol Rusca, destacó que el Consejo de la Abogacía Española se ha puesto en contacto con las abogacías europeas para coordinar las acciones que se desarrollen y por si estiman necesario el desplazamiento de algunos abogados españoles para hacer esa tarea de asistencia jurídica en situaciones de emergencia en los “puntos calientes” de sus respectivos países.

“El problema es político, no económico, porque la Unión Europea dispone de fondos aprobados para esta atención. Nos sorprende que Europa no haya adoptado antes soluciones que respeten los derechos y la dignidad de las personas. Las instituciones europeas no deben adoptar soluciones urgentes solo ante una crisis económica”, agregó Rusca.