Así lo indicó en el Pleno del Senado durante la defensa de los proyectos de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de Régimen Jurídico del Sector Público, que defendió al “facilitar la vida a los ciudadanos” y dejarles “libres de trabas y obstáculos” administrativos.

Montoro avanzó que el Gobierno dará este viernes luz verde a la devolución de otro 26,2% del total de la paga ‘extra’ retirada en 2012 a los funcionarios junto a la recuperación de los días de libre disposición suprimidos, de manera que contarán con el mismo número que cuando se les retiró en julio de 2012.

El Consejo de Ministros ya solicitó el pasado viernes a la comisión permanente del Consejo de Estado la aprobación con carácter de urgencia de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito necesarios para reintegrar a los empleados públicos otro 26,23% de la paga 'extra' suprimida en 2012 (equivalente a 48 días).

El ministro destacó la importancia “capital” de la reforma de las administraciones, a la que se suman dos nuevos proyectos de ley, para conseguir una relación “hábil, precisa y fiable” entre las mismas, e incidir en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Además, sostuvo que el Ejecutivo estima para el próximo año una tasa de reposición “del 100% en todas las funciones esenciales del Estado”.

AHORRO DE 29.600 MILLONES

Montoro destacó que en los últimos dos años de funcionamiento de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) se han suprimido 2.297 entes públicos (103 en el último trimestre), correspondiendo 107 a entes públicos suprimidos por parte del Estado, 754 a las comunidades y 1.436 por las entidades locales.

Así, los ahorros superan los 500 millones “sólo en la centralización de los contratos de ministerios y organismos públicos estatales”.

La cifra total de ahorro entre todas las administraciones asciende a 22.300 millones de euros, a los que se añaden 2.300 millones de ahorros propiciados para los ciudadanos procedentes de menores trámites y cargas administrativas.

A esto se suman también otros 5.000 millones de ingresos por ventas de participaciones empresariales, apuntó Montoro, lo que hace un total de 29.600 millones de ahorro por la aplicación hasta el momento de las medidas contenidas en la reforma de las administraciones públicas.

Por su parte, con el plan de gestión del patrimonio inmobiliario, en marcha desde 2012, se programó la venta de 15.553 inmuebles, de los que “más del 50% se han puesto en el mercado”, y se han adjudicado hasta la fecha por valor superior al 306% de lo previsto, hasta 406 millones.

FACTURAS ELECTRÓNICAS

Respecto a las facturas electrónicas, Montoro apuntó que desde el pasado 15 de enero, fecha desde la que este tipo de operaciones es obligatoria, ascienden a más de 3,5 millones, de los que 487.103 se han tramitado en los últimos 30 días.

Más de la mitad de las facturas tramitadas electrónicamente pertenecen a entidades locales, cuyo número de adheridas alcanza los 7.679, de las que el 95% hacen uso del sistema.

Entre estos, hay 27 entidades con más de 200.000 habitantes, se incluyen todas las comunidades autónomas más Ceuta y Melilla, y se han adherido 42 universidades, de las que 39 ya hacen uso.

PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El titular de Hacienda anunció también que el próximo día 15 se someterá a la Comisión de estrategias de tecnologías de la Información y las Comunicaciones la aprobación del Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, por el que se creará un marco de referencia para la implicación de todos los actores con objetivo de “adaptar servicios públicos a necesidades reales de los ciudadanos”.

En esta línea, subrayó la importancia de los proyectos de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de Régimen Jurídico del Sector Público para conseguir administraciones “totalmente interconectadas por medios electrónicos”.

Con estas normas el Gobierno busca “eliminar el papel en las relaciones entre las administraciones y los ciudadanos y empresas”, indicó Montoro, que explicó que esto supondrá que “los administrados podrán realizar gestiones en cualquier momento del día”.

Además, “ningún ciudadano se encontrará con que no puede realizar un trámite porque le falte un documento que haya sido expedido por otra administración”, ya que será la propia administración la que tenga que obtener las copias necesarias.

Los proyectos propiciarán una “significativa” reducción de cargas administrativas, facilitarán procedimientos administrativos ‘exprés’ para supuestos de menor complejidad que obligará a adoptar una resolución en un máximo de 30 días.

A su vez, se potenciará el uso de claves, así como de firmas avanzadas para trámites complejos, si bien los ciudadanos “seguirán teniendo derecho a presentar trámites de forma presencial”, mientras que las empresas sí estarán obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración.

También está prevista la creación de un inventario público de organismos que se actualizará periódicamente, y para la seguridad y transparencia, las administraciones elaborarán un plan formativo.