Fuentes de la Asociación Madrileña Profesional de Empresas de Seguridad (AMPES) indicaron que dicho reglamento exige que todas las empresas de seguridad constituyan una garantía en la Caja General de Depósitos en previsión de posibles sanciones e impuestos, por una cuantía que oscila entre 6 y 50 millones de pesetas, dependiendo de que la empresa acte a nivel autonómico o nacional.

Para AMPES, la imposición de ese depósito supone un coste desproporcionado y la consiguiente descapitalización de dichas compañías, ya que el 90 por ciento de las empresas son pymes que generalmente desempeñan una actividad de ámbito local y cuya facturación no pasa de 50 millones de pesetas.

De no hacer frente a ese depósito, según las mismas fuentes, dichas compañías perderán su licencia y deberán cerrar de forma inmediata, con la consiguiente destrucción de empeo, ya que se calcula en unas 15.000 las personas que quedarían en paro con el cierre de estas empresas de seguridad.