La revisión de estos planes urbanísticos y los deslindes que está realizando el MOPTMA para "desocupar" aquellas zonas que son de dominio público y que han sido invadidas vulnerando la legislación está ocasionando numerosos litigios entre las administraciones locales y autonómicas y la central.

El MOPTMA tramita cada año alrededor de 4.000 expedientes sancionadores contra particulares y administraciones públicas por vulnerar la Ley de Costas. Las infracciones más habituales se refieren a la construccin de inmuebles sin disponer de las concesiones y autorizaciones preceptivas.

La Ley de Costas establece una franja de protección, con carácter general, de 100 metros, aunque en las zonas que eran urbanizables antes de su aprobación en 1988 se reduce a 20 metros.

DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS

Además, delimita una zona denominada de "influencia", que debe tener, como mínimo, 500 metros y en ella se permite construir, pero siempre que se respeten unas limitaciones sobre densidad de edificación.

Aunque la ley otorga a las comunidades autónomas las competencias en cuanto a la ordenación territorial en la costa, cede al Estado la potestad de influir en dicha ordenación mediante la elaboración de informes vinculantes.

Este es uno de los puntos que más reticencias levanta entre algunas comunidades autónomas y es una de las cuestiones que CiU pretende revisar durante la próxima legislatura, ya que la modificación de esta ley ha quedado incluida en los pactos con el PP.

Sin embargo, las organzaciones ecologistas y el propio ministerio se muestran reacios a dejar la ordenación del territorio exclusivamente en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, ya que los planes urbanísticos demuestran que los entes locales son a menudo complacientes con un desarrollo urbanístico incontrolado.