El estudio, dirigido por José Antonio Herce, director de Fedea y Victor Perez Díaz, director de Analistas Ssocio Políticos, parte de un escenario de crecimiento del empleo durante todos estos años del 1% anual, con lo que el número de afiliados a la Seguridad Social aumentaría d 12 a 16,7 millones. Por el contrario, si el crecimiento del empleo solo alcanzara el 0,5% el déficit se acercaría al 5%.

Los autores del estudio coinciden básicamente en las propuestas del Pacto de Toledo para corregir estos desequilibrios, si bien precisan que algunas medidas como el retraso de la edad de jubilación no cuentan con el apoyo suficiente de los ciudadanos, tal como se desprende de una encuesta realizada por los autores.

La resistencia ciudadana se extiende a la restricción del acceo al sistema de pensiones contributivas, por el aumento del número de años de cotización que dan derecho a una pensión, aunque sí aceptarían reformas que aumenten la proporcionalidad entre cotizaciones y prestaciones.

La encuesta aludida ha planteado a los ciudadanos su parecer sobre una propuesta a la chilena, con la coexistencia de un sistema público y otro privado de pensiones que fueran alternativos. La opinión se reparte en este caso casi al 50%, siendo mayor la opinión favorable entre los ciudadnos más jóvenes y con mayor nivel educativo.

LOS POLITICOS TEMEN ESTA CUESTION

Los autores del estudio analizan la posición de los distintos agentes sociales, destacando que la clase política se acerca con temor a esta cuestión, para evitar ataques de sus adversarios políticos.

Los sindicatos, por su parte, "adoptan una postura decidida en contra del recorte de prestaciones", convencidos de que existe solución por la vía del aumento de los ingresos.

Desde el otro lado, los empresarios pone el acento en los gastos y reclaman una reducción de las cotizaciones sociales.

Entre estas posiciones, aunque más próximos a la de los empresarios se sitúan los expertos, los organismos internacionales y "hasta cierto punto, la prensa".

Finalmente, los autores del estudio abogan por la aplicación paulatina de medidas "en función de sus efectos económicos, su aceptación por la sociedad española y el grado de consenso del que puedan llegar a disfrutar".