Este es uno de los principales problemas del realojo de familias chabolistas en la Comunidad Autónoma de Madrid, al que se une el seguimiento exhaustivo que estos trabajadores llevan a cabo en la reventa de las viviendas. "Tenemos que evitar que se adjudique la vivienda a quien ya la posee", dijo Rodríguez.

Así, en el Pozo del Huevo se descubrió que de 60 familias que habían sid realojadas en pisos, más de 40 ya poseían otra vivienda en propiedad. "Estos casos representan un 5 por ciento del total del realojo", apuntó el citado empleado del Consorcio.

El cometido de estos trabajadores es controlar el censo de las chabolas, realizado en 1986-87 y que ascendía a unas 2.400 familias, si bien en la actualidad tan sólo se ha realojado al 50 por ciento. "Nos ocupamos de controlar las chabolas ilegales, unas 400, y de los desalojos, tanto de las viviendas sociales como de las propis chabolas", concluyó Rodríguez.

Asimismo, los 103 trabajadores sociales, animadores, maestros y psicólogos del Consorcio llevan a cabo una labor dentro del barrio, que incluye un programa social para ayudar a la familia en todo, uno de animación para ayudar a los jóvenes y uno laboral, ya que la mayoría de las veces a esta población marginal gitana le resulta muy difícil encontrar trabajo.

ESCUELAS

Otro de los grandes problemas es lograr que la población acuda a la escuela. "Tenemos que consegir que confíen en nosotros", afirmó Sara Bareta, miembro del comité de huelga. Esto es así porque "las familias tienen verdadero pavor a que los chicos salgan del barrio, por lo que favorecemos la creación de escuelas de Preescolar dentro del mismo", agregó.

Ante los problemas laborales, la dificultad para la venta ambulante y la falta de cualificación, muchas de estas familias gitanas se dedican a la venta de droga y algunos de los jóvenes del colectivo acaban enganchados. La solución, según Sara Barta, no pasa por programas de tres meses, sino que es una labor lenta, global y a largo plazo.

Los trabajadores del Consorcio afirman haber adquirido un compromiso con estas familias y que no pueden "dejarlos en la estacada". Además, temen un cambio en su trabajo y la disminución de personal.

A pesar de que la consejera de Integración Social, Elena Vázquez, les dijo durante la manifestación contra el racismo del jueves que podían estar tranquilos, los empleados afirman que desde junio -mes en el qe se creó una Comisión de evaluación- su futuro es incierto.

"Desde que en 1988 se creó el Consorcio, la labor de los trabajadores ha sido muy dura, a veces desagradable, pero en cualquier caso, gratificante", dijo Francisco Rodríguez.