En su exposición ante el Congreso de los Diputados, reiteró que desde el comienzo de la crisis ha intentado llevar adelante su proyecto con diálogo en los ámbitos social, político e institucional. “Lo he procurado, lo he intentado, lo he reiterado en cada una de mis intervenciones ante esta Cámara”, afirmó.

Argumentó que juzga necesarias las reformas y “conveniente” aprobarlas por consenso, y reiteró que el Gobierno ha hecho “todo lo posible” por restablecer un clima de diálogo social y por atraer el respaldo de los partidos para cada una de las medidas emprendidas hasta ahora, “pero queremos más, la sociedad española quiere más”.

“En términos políticos y sociales, en una situación tan complicada y tan decisiva para el futuro como la que atravesamos, no basta. Es necesario extender los acuerdos y ampliar el consenso sobre el conjunto de reformas que tenemos que aprobar y aplicar, y sobre los esfuerzos que hay que hacer para ello. El Gobierno lo pide y lo ofrece, pide y ofrece el consenso, con su mejor voluntad, a todos los grupos”, agregó.

Por ello, anunció la designación de una comisión encabezada por Salgado y de la que formarán parte también los ministros de Fomento, José Blanco, y de Industria, Miguel Sebastián, “los directamente concernidos” por las reformas, para que emprendan un diálogo y una negociación con los grupos parlamentarios.

Aseguró que otorga “la máxima relevancia” a esa comisión y expresó su confianza en “la responsabilidad” de los demás para llegar a acuerdos, porque el Gobierno pondrá “toda la carne en el asador”.

El presidente esbozó los ámbitos en los que buscará el acuerdo: medidas para mejorar la competitividad de la economía y fomentar la creación de empleo; política industrial para impulsar la innovación del modelo productivo; cumplimiento del plan de consolidación fiscal para asegurar la reducción del déficit; y el sistema financiero en lo relativo a la estabilidad, la morosidad y el acceso al crédito.

Sin embargo, alertó, esa negociación no puede ser “indefinida”, porque las reformas deben ponerse en marcha con agilidad, y por ello alertó de que el Gobierno pretende tenerlas aprobadas “en dos meses”.

Rodríguez Zapatero comenzó su exposición subrayando los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que confirman que “la fase más aguda de la crisis” se vivió en el último trimestre de 2008 y el primero de 2009 y a partir de ahí se evoluciona “lentamente hacia un menor deterioro, una tendencia que nos gustaría que fuera más pronunciada pero apunta a la recuperación”.

DESEMPLEO

Reconoció que los dos grandes datos negativos de la economía española son la tasa de paro, con una diferencia “muy notable” de la media europea, y el déficit público, compartido con gran parte de la zona euro y que se contendrá para cumplir con el compromiso del 3% del PIB en 2013.

Al hablar del desempleo, aseguró, “se repite la historia”, y cambiarla es “responsabilidad de todos”, de los grupos parlamentarios, agentes sociales y económicos, instituciones, ciudadanos, y en primer lugar del Gobierno, que asume las decisiones para “corregir ahora y par siempre esta dolorosa anomalía”.

Rodríguez Zapatero aseguró que en ese punto la previsión del Gobierno es que España vuelva a crecer en el primer semestre de este año y cree empleo neto a finales de año, algo a lo que se refirió como una “obsesión” del Ejecutivo, igual que la protección a quienes han perdido su puesto de trabajo.

"COMPARTAN LA SOLVENCIA DE ESPAÑA"

Con esa previsión sobre la mesa y con los datos de la deuda, el presidente emplazó a los demás grupos a compartir “la solvencia de España” y a contribuir a la confianza exterior reconociendo “la buena salud de nuestra deuda pública”.

En ello está la credibilidad sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas en el medio plazo, alertó, y la valoración del conjunto de la economía, de las empresa en el exterior, algo que juzgó especialmente necesario cuando hay “movimientos especulativos que pueden alterar la estabilidad del conjunto de la zona euro y que tienen consecuencia en cada uno de los países”.

El presidente defendió la Estrategia de Economía Sostenible, con un anteproyecto de ley que será enviado “a la mayor brevedad” al Parlamento para ser tramitado escuchando las sugerencias de los grupos sin que ello demore la entrada en vigor de la ley, y con un plan de austeridad aprobado “en el momento idóneo” para ponerlo en práctica.

Pero, además, alertó de la necesidad de colaboración “leal” por parte de las administraciones autonómicas para aplicar ese plan, toda vez que representan el 50% del gasto público.

Defendió también las líneas generales propuestas por el Gobierno para reformar el mercado laboral en una negociación con los agentes sociales ante la que comprometió “la mejor voluntad” y auguró “beneficios para todo nuestro país si el proceso concluye con un acuerdo lo más rápido y lo más completo posible”. “Todos, insisto, todos, tendremos ocasión de felicitarnos por ello”, vaticinó recibiendo los aplausos de los socialistas.

El presidente defendió lo emprendido hasta ahora y aseguró con contundencia que seguirá cumpliendo con las reformas previstas en esa Estrategia de Economía Sostenible, con un calendario concreto de aprobación de la Ley de Mediación y Arbitraje, el plan de promoción de inclusión social, lucha contra el fraude y economía sumergida, Ley de Ciencia, creación de la Comisión Interministerial de Política Industrial y racionalización de la Administración.