Así lo señala el organismo en un informe sobre el proyecto de real decreto de fomento de biocarburantes y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte, publicado este lunes, y en el que analiza la propuesta de norma del Gobierno.

Competencia considera que dicha propuesta “modifica la esencia del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes con fines de transporte”, ya que elimina los dos objetivos individuales que hasta hoy existen para cada tipo de carburante (diésel y gasolina), dejando únicamente el objetivo global.

De eliminarse los objetivos individuales, advierte de que previsiblemente los sujetos obligados tenderán a cumplir su obligación de venta o consumo de biocarburantes principalmente mediante la incorporación de biocarburantes en diésel, en detrimento de la gasolina.

Como consecuencia, podría ponerse “en peligro” la estructura productiva y logística, así como el tejido industrial que se ha desarrollado en España para cada carburante de origen renovable, en base a la regulación existente hasta el momento.

De igual forma, apunta que el objetivo de favorecer las inversiones en investigación y desarrollo de las tecnologías productivas, con el fin de abaratar los costes de producción de los biocarburantes y diversificar las fuentes de aprovisionamiento de materias primas, podría “distorsionarse” en caso del establecimiento de un único objetivo global de biocarburantes.

En esta línea, recuerda que mantener objetivos individualizados para el diésel y la gasolina es una práctica común con otros países europeos, entre ellos Francia y Alemania.

Asimismo, apunta que establecer un único objetivo global anual obligatorio implicaría la necesidad de adaptar ciertos aspectos del mecanismo de certificación desde el punto de vista operativo, en concreto, los relativos al sistema de información para la certificación de biocarburantes (Sicbios).

La propuesta del Ejecutivo introduce para el año 2020 la restricción de que para el cómputo del objetivo de energía renovable en el transporte la participación de los biocarburantes producidos a partir de cultivos alimentarios no superará el 7%. Además, habilita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a establecer un objetivo indicativo de venta o consumo de biocarburantes avanzados.