Así lo harán desde mañana a primera hora, con una reunión técnica que tendrá continuidad por la tarde con otra, más política, y con los mismos actores de la de hoy.

Así se ha decidido tras reunirse por espacio de tres horas en el Ministerio de Política Territorial el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías; el consejero de Presidencia de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y la consejera gallega de Hacienda, Marta Fernández Currás, entre otros.

En su comparecencia ante los periodistas, a la salida del encuentro, Zarrías insistió en su deseo de que “mañana se llegue a un acuerdo”, para lo que, afirmó, “haremos todo lo posible”.

Por su parte, el consejero de Presidencia de la Xunta señaló que les hubiera gustado que esta reunión se hubiera celebrado antes de que el Gobierno español tomara la decisión de presentar el mencionado recurso. Queja que tuvo su réplica de la mano de Zarrías, quien lamentó que Galicia hubiera aprobado la Ley de Cajas sin consultar con el Gobierno.

Por su parte, Rueda pidió para Galicia "un trato igual que a otras comunidades autónomas", mientras Zarrías aseguró que este "es un debate y una discusión jurídica", y que el Gobierno central no pretende "bañar de un tinte político" una disposición de inconstitucionalidad.

En este sentido, aclaró que "el que quiera politizar o sentir agravio está cometiendo un error" y añadió que desde el primer momento se planteó claramente que había diez preceptos que violaban el régimen de cajas de ahorro.

La Xunta afirma que no hay ningún punto de la negociación en el que no haya posibilidad de llegar a un acuerdo y se baraja una redacción alternativa o un acuerdo interpretativo, aunque, desde el Gobierno, Zarrías espera una modificación respecto al texto actual.

Así, el secretario de Estado expresó su deseo de llegar "lo antes posible" a un acuerdo que permita levantar el recurso planteado por el Gobierno, al tiempo que recordó que el Consejo de Estado declaró por unanimidad que el recurso del Estado es conforme a derecho y avala todas las impugnaciones de los artículos de la ley.

Concluyó Zarrías que cuando las modificaciones del texto sean trasladadas al Derecho positivo, el Gobierno central retirará el recurso.