El recurso de inconstitucionalidad se basaba en las contradicciones existentes entre la regulación balear y la normativa básica estatal en materia de comercio interior.

En concreto, en la regulación de grandes establecimientos no se respetaba el principio de procedimiento único para la autorización, dado que la Ley balear exigía autorización autonómica con carácter previo al título municipal habilitante, cuando la Ley estatal básica exige un solo procedimiento y una única autorización.

Además, en la declaración de zona de gran afluencia turística no se respetaban los requisitos exigidos por la normativa básica estatal, ya que se elevaban los umbrales de población del municipio y pernoctaciones para poder declarar un municipio como zona de gran afluencia turística, “imponiendo un silencio negativo cuando los requisitos exigidos en todo el Estado son menores y el silencio positivo”.

El motivo por el que se desiste ahora del recurso de inconstitucionalidad se debe a la modificación, por el Gobierno balear, de los preceptos que se impugnaban, a través de un decreto ley de medidas urgentes en materia de grandes establecimientos comerciales, que se acomoda a lo previsto en la norma básica estatal.