Así lo explicaron las organizaciones en un comunicado conjunto, en el que además denunciaron que el Ejecutivo ha incumplido la obligación de consulta preceptiva con los interlocutores sociales para su actualización que marca la ley, ya que debería haberlo hecho al aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

“Año tras año, UGT y CCOO vienen instando al Ejecutivo a impulsar la mejora de este indicador, que desde su creación en 2004 venía evolucionando al ritmo anual, o incluso por encima, del objetivo marcado de inflación por el Banco Central Europeo, del 2%, señalaron los sindicatos.

Sin embargo, alertaron, tras moderarse en 2010 (un 1%), se congeló posteriormente durante seis años consecutivos, lo que ha provocado una “creciente pérdida” de su poder adquisitivo de 8,2 puntos, contando ya la congelación en 2016 que el Gobierno ha aprobado en el proyecto de PGE.

Para los sindicatos, “esta congelación resulta inadecuada, ya que supone una depreciación del indicador con consecuencias negativas en la política de protección social por desempleo, entre otras políticas públicas tan cruciales en la actualidad para la recuperación económica”.

Por ello, demandaron “su actualización, como mínimo, para garantizar el mantenimiento de su valor real a lo largo del tiempo, para lo que se debería emplear un mecanismo de actualización automática que corrigiese la posible desviación entre el IPC real y el incremento inicial del Iprem”.