Los extranjeros irregulares recibirán un documento acreditativo de que tienen derecho a esta prestación asistencial, que no a su inclusión en el régimen general de la Seguridad Social, cuando demuestren que no tienen recursos y que están empadronados y efectivamente residiendo en España con una antigüedad de seis meses inmediatamente anteriores.

Si el solicitante recibe luz verde para recibir esa asistencia, se le incluirá en una base de datos solo a efectos de seguimiento de su historia clínica, a la que no tendrán acceso las autoridades de extranjería, como sí ocurre en otros países de la UE, según aclaró el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno.

La propuesta del Gobierno prevé que las administraciones sanitarias recabarán la colaboración de un mediador social que se encargará de emitir un informe sobre las circunstancias económicas y de residencia de cada demandante de asistencia.

En caso de que sea necesario tratamiento farmacológico, el usuario tendrá que abonar el 40% del coste de los medicamentos y el 10% en caso de los crónicos.

El Ejecutivo presentó a las comunidades su borrador de criterios mínimos para la prestación en una reunión de la Comisión de Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, en la que los representantes de las autonomías gobernadas por el PSOE, según explicó Rubén Moreno, volvieron a exigir la retirada del decreto-ley aprobado esta legislatura que quitó la tarjeta sanitaria a los “sin papeles”.

El Gobierno ha dado quince días a las comunidades para pronunciarse sobre la propuesta que hoy les entregó.