La Ley 1/2009, de 25 de marzo, establecía un mandato al Gobierno para remitir a las Cortes, en el plazo de seis meses, un proyecto de ley de mejora del régimen fiscal de los patrimonios protegidos. Sin embargo, pasado este plazo, el Cermi no conoce ninguna actividad del Gobierno ni del Ministerio de Economía y Hacienda, que indique que ese mandato se ha cumplido.

El pasado mes de mayo, el Cermi remitió a Hacienda un documento de consideraciones y propuestas de reforma de la fiscalidad del patrimonio protegido de las personas con discapacidad, que trataba de aportar la visión de la discapacidad organizada sobre las reformas que debía experimentar esta institución para ser realmente eficaz en la consecución de los fines para los que se creó.

Del mismo modo, se pedía en la propuesta que se constituyera un Grupo de Trabajo con el Ministerio de Economía y Hacienda para abordar esta cuestión.

Según el Cermi, “Hacienda nunca respondió a esta propuesta ni tampoco ha avanzado en ninguna iniciativa para cumplir la obligación impuesta por la Ley 1/2009”. Por este motivo, ahora el Cermi se dirige al Defensor del Pueblo para que medie en este asunto e inste al Gobierno a cumplir este mandato legal.