Así lo señaló Soria durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Senado, en respuesta a una pregunta del senador socialista, José Montilla, sobre cómo piensa Industria, garantizar los 2.000 puestos de trabajo (directos e indirectos) de la planta de Inovyn-Solvay en Martorell (Barcelona), después de la exclusión de la subasta del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad de energía eléctrica para los años 2015 y 2016.

Soria recordó que cuando las empresas industriales españolas se adhieren para ser proveedoras del servicio de gestión de la demanda del servicio de interrumpibilidad “lo hacen conociendo, firmando y aceptando de antemano absolutamente todas las condiciones y obligaciones”.

Por ello, consideró que hay que preguntar “directamente” a los responsables de la empresa por el motivo por el que las tres órdenes de interrupción entre febrero y marzo 2014 dadas por el operador del sistema, Red Eléctrica, fueron “sistemáticamente incumplidas, siendo así que en cambio sí había percibido nada más y nada menos que 23,6 millones para todo 2014 en función de esa ayuda a la interrumpibilidad”.

En este sentido, indicó que ese montante “lo paga el sistema eléctrico, que somos todos los españoles que pagamos nuestra factura para el hogar o bien en las empresas”.

De igual forma, sobre las interpretaciones jurídicas para la admisión del grupo químico en la última puja, celebrada esta semana, Soria explicó que había algunas que eran partidarias de que “ninguna empresa del grupo, no solo las de Martorell, pudiera presentarse para 2016 para la subasta de demanda de interrumpibilidad”.

“El Gobierno ha cogido la interpretación más favorable para la empresa”, sostuvo Soria, quien instó a Montilla a hacer “responsable de sus propias decisiones” a la dirección de la empresa y no a los trabajadores y a Industria.

En un comunicado, Inovyn-Solvay aseguró el lunes en un comunicado que la decisión de Industria de rechazar el recurso presentado por la empresa para participar en la subasta eléctrica de 90 MW tendrá un impacto “muy negativo” sobre la fábrica de Martorell.

Además, el grupo estudia paralizar una inversión de 75 millones de euros sobre esta planta para reconvertir el proceso de electrolisis, del que se obtiene sosa cáustica, hidrógeno y cloro luego empleado para fabricar el PVC.