Durante la firma, el ministro destacó que su departamento priorizará en la contratación pública a “las empresas que tengan una concepción y políticas adecuadas con la discapacidad”. En este sentido, Gabilondo también se ha comprometido a estudiar y respaldar las propuestas del sector de la discapacidad para intentar incorporarlas en el Pacto Educativo.

El ministro aseguró, además, que “éste no es un acto de bondad ni de filantropía, si no algo para crear una situación de justicia”. Considera que las personas con discapacidad presentan más dificultades en su día a día, por lo que convenios como el suscrito “buscan la equidad y la justicia”.

Por su parte, el presidente de Cermi destacó que “uno de los más importantes e innovadores métodos de trabajo en las administraciones es la dimensión social de la contratación pública”, es decir apoyar las políticas de contratación de personas con discapacidad a través de las compras de bienes y servicios de empresas socialmente responsables.

El acuerdo firmado supone por tanto un paso adelante en el establecimiento de políticas activas de inclusión social. Los compromisos alcanzados se concretan en la constitución de un grupo de trabajo integrado por representantes del departamento y de Cermi que va a estudiar y proponer medidas, prácticas y criterios que permitan una mayor incorporación de los trabajadores con discapacidad al mercado laboral. Este grupo de trabajo lo integrarán de forma paritaria miembros del Ministerio de Educación y del Cermi.

Por otro lado, se adoptan una serie de medidas de aplicación directa en la contratación administrativa que tendrán efectos inmediatos, entre otras, la exigencia a los empresarios que cuenten con 50 o más trabajadores que acrediten el requisito legal de emplear al menos, al 2 por ciento de trabajadores con discapacidad. También se incluye la utilización como criterio de desempate a empresas que tengan en su plantilla un porcentaje de personas con discapacidad superior al 2 por 100.

Con esta y otras iniciativas que surjan del grupo de trabajo se persigue facilitar y favorecer una mejor y mayor contratación de personas con discapacidad. El convenio constituye una apuesta por la dimensión social de la contratación pública y se firma en el marco del Año Europeo de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Además, se pretende fomentar como vía ejemplificadora, la implementación de estas medidas en el ámbito de actuación de otros Ministerios y otras Administraciones Públicas.

Se cumple así con el mandato constitucional de los poderes públicos de impulsar medidas que contribuyan a integrar a los sectores más vulnerables de la sociedad.