La vigente Constitución española no regula los derechos sociales como auténticos derechos fundamentales sino que quedan relegados a meros principios rectores de la política social y económica, lo que supone una ausencia efectiva de protección y garantía de su contenido material, como ha quedado demostrado en estos años de crisis económica.

Los derechos sociales, como el derecho a la inclusión en la comunidad y a una vida independiente de las personas con discapacidad, según pide el Cermi, “han de quedar configurados, en la reforma constitucional que se acometa próximamente, con el carácter de derechos fundamentales, con las notas de derechos subjetivos, suficientes, vinculantes y exigibles, con mecanismos plenos de protección y tutela, incluida la judicial”.

Además, el Cermi señala que “es ya momento de constitucionalizar con total intensidad los derechos sociales, otorgándoles el mismo rango de que gozan los derechos civiles y políticos, pues forman parte inherente e inseparable de la sociedad democrática avanzada y del Estado social que proclama la propia Constitución de 1978”.

El Cermi reclamará a los partidos políticos que concurran a las próximas elecciones generales que asuman el compromiso de promover una reforma constitucional que incluya la formulación de los derechos sociales como derechos fundamentales.