Según AI, la decisión de seguir adelante con la condena pese a que había pendiente un recurso supone una violación flagrante del derecho internacional y, además, de la propia ley iraní, que contempla dicho procedimiento.

Además, calificó como “acto de crueldad extrema” la decisión de las autoridades nacionales de no devolver el cuerpo de Alkhani a su familia.

Con esta decisión, Irán “da una prueba más” de que está dispuesto a continuar con su escalada de ejecuciones, más de 700 en el último año.