Esta organización humanitaria denunció en un comunicado que alrededor de 1.000 personas habrían sido deportadas a Colombia entre los días 21 y 25 de agosto, tras producirse el día 19 de este mismo mes un enfrentamiento entre fuerzas del orden y presuntos contrabandistas, donde resultaron heridos tres miembros de las autoridades venezolanas y un civil.

Según las denuncias recibidas por Amnistía Internacional, las personas deportadas habrían sido detenidas en operativos conjuntos de la Guardia Nacional y la Fuerza Armada, y expulsadas a Colombia sin oportunidad de impugnar su expulsión o sin tener la posibilidad de recoger sus pertenencias. En algunos casos se han denunciado maltratos durante la detención, desalojos forzosos y demolición de casas donde vivían, o se cree que vivían, nacionales colombianos sin ningún tipo de respeto de garantías.

Amnistía destacó su preocupación por los informes que indican que grupos familiares habrían sido separados, dando lugar a niños y niñas separados de sus padres después de la expulsión de estos a Colombia. Esta ONG afirmó que entiende el deber de Venezuela de mantener la seguridad y el orden público decretando el estado de excepción, pero agregó que esto mismo se puede hacer sin menoscabo de los derechos humanos.