Así se recoge en un nuevo informe de Amnistía Internacional (AI) publicado este martes, bajo el título 'Matar en nombre de la Justicia'.

Según este trabajo, casi la mitad de las ejecuciones en los últimos años son por delitos sin resultado de muerte, y la inmensa mayoría de estas condenas se llevan a cabo mediante decapitación.

Al menos 2.208 personas han sido ejecutadas entre enero de 1985 y junio de 2015, y de estas, 102 solo en el primer semestre de 2015.

El 48,5% eran de origen extranjero, un 28% habían sido condenadas por tráfico de drogas y más de un tercio de los delitos no podían catalogarse como de gran gravedad.

Entre los ejecutados, figuran también menores y personas con discapacidad intelectual.

En opinión de AI, “el defectuoso sistema de justicia de Arabia Saudí facilita las ejecuciones judiciales a escala masiva".

En muchos casos se niega a los acusados el acceso a un abogado, y “en algunos se los condena sobre la base de ‘confesiones’ obtenidas mediante tortura u otros malos tratos en flagrantes injusticias.”

A menudo las ejecuciones no se notifican a las familias de los condenados a muerte, que sólo se enteran de la suerte de sus seres queridos cuando ya han fallecido, a veces por informaciones difundidas por los medios de comunicación.

Para AI, “afirmar que la pena de muerte en Arabia Saudí se lleva a cabo en nombre de la justicia y de conformidad con el derecho internacional no puede estar más alejado de la verdad.

"En vez de defender el atroz historial del país, las autoridades de Arabia Saudí deberían establecer con urgencia una moratoria oficial de las ejecuciones y aplicar las normas internacionales sobre juicios justos en todas las causas penales”, concluye esta organización.