En una rueda de prensa en Málaga, Sánchez acusó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de aprobar una normativa, el Real Decreto Ley 16/2012, que “quiebra la universalidad del sistema de sanidad pública”, lo que provocó que los socialistas se aliaran con distintos colectivos sociales y de profesionales para exigir la derogación de una norma que “expulsa a cientos de personas, que es injusta, insolidaria e ineficiente desde el punto de vista económico”.

Esto le sirvió para reivindicar que gobiernos autonómicos como los de Andalucía y el Principado de Asturias se opusieron a la aplicación de este real decreto, al tiempo que se vanaglorió de que después de las elecciones autonómicas y municipales del pasado 24 de mayo otras más hayan seguido esta tendencia (Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Cantabria).

En ese sentido, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad de Madrid, ésta gobernada por el PP, han anunciado su intención de dar cobertura sanitaria a los inmigrantes ‘sin papeles’.

Por esa razón, anunció que cuando sea presidente del Gobierno derogará por “decencia, solidaridad, justicia, dignidad y eficiencia económica” esa norma, con el propósito de “recuperar el principio esencial del Estado de bienestar que es la universalidad de la sanidad pública, quebrado por Rajoy e impuesto por la mayoría absoluta a los colectivos de los profesionales de salud”.