En un comunicado, instó al secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, a que “abandone su ostracismo y se siente a hablar con las entidades del sector de la inmigración”. “Amenazar con multas millonarias y utilizar a la Unión Europea y la Comisión como contrarios a los derechos sanitarios de las personas inmigrantes es mentir directamente a la ciudadanía y tratar de evadir la responsabilidad que como Gobierno se tiene", indicó.

Por otro lado, valoró la incorporación parcial de Madrid al grupo de autonomías que han tomado esa decisión, aunque advirtió de que el hecho de trasladar a este colectivo un documento administrativo separado puede ahondar en la segregación social y racial.

Por ello, solicitó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que convoque un grupo de trabajo del que formen parte las entidades y ONG de todos los sectores afectados, garantizando así que todos los agentes del sector puedan expresar sus opiniones y hacer llegar sus ideas al respecto.