Según informó hoy Interior, la red estaba compuesta por nueve empresas, que mediante las altas ficticias de sus trabajadores en el ente público habría estafado más de dos millones de euros.

Las investigaciones se iniciaron a principios del pasado año gracias a la información procedente de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Navarra que informaba que varias empresas radicadas en su territorio podrían ser ficticias.

A partir de ese momento, los agentes comenzaron a cruzar miles de datos hasta comprobar que se trataba de un entramado de empresas ficticias, creadas y administradas por un ciudadano de nacionalidad marroquí, que habría dado de alta de manera fraudulenta en el Régimen General de la Seguridad Social a un gran número de supuestos trabajadores. Todo ello tenía una doble finalidad, una era la de acceder de forma indebida a todo tipo de prestaciones públicas, y otra, en el caso de ciudadanos extranjeros, regularizar su situación administrativa en España.

Tras diversas pesquisas, se pudo identificar a las personas responsables del fraude. Los agentes detuvieron a 116 personas de nacionalidades española, marroquí y argelina, repartidas en 18 provincias de la geografía española.