El SLTA consideró “imperativo” que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) se responsabilice de la vigilancia de esas operaciones dotándose cuanto antes del personal y los medios necesarios para ejercer las labores que le corresponden en materia de inspección, supervisión y ordenación de los trabajos aéreos, entre otros, así como de su potestad sancionadora ante infracciones de las normas de aviación civil.

Este sindicato explicó que la lucha contra los incendios forestales “obliga a las tripulaciones a trabajar en un entorno hostil que, como es lógico, no está preparado aeronáuticamente como puede estarlo un aeropuerto”. “Los helicópteros y los pilotos se exponen a altas temperaturas, baja visibilidad, cables de alta tensión, aerogeneradores, humo, ausencia de radioayudas y cartas de aproximación, todo ello con condiciones ambientales constantemente cambiantes y con una gran cantidad de aeronaves operando en un espacio muy reducido”, añadió.

Por ello, recalcó que “la profesionalidad debe de ser extrema para realizar el desempeño de esta labor en unas condiciones óptimas de seguridad” y que la coordinación y la comunicación son dos pilares básicos de las operaciones de lucha contra el fuego. “La ausencia de cualquiera de éstas en los incendios forestales, especialmente en un GIF (Gran Incendio Forestal,) en el que trabajan un gran número de aeronaves, puede tener trágicas consecuencias a la par que una ineficiente labor de extinción”, apostilló.

El SLTA subrayó que los pilotos al mando tienen la responsabilidad de notificar tanto su posición como intenciones y, a su vez, los helicópteros de coordinación, a modo de controladores aéreos, son los encargados de realizar una correcta sincronización entre los medios, trazando rutas y entradas tanto a los puntos de agua como al incendio.

Las notificaciones recibidas por el Departamento de Seguridad del SLTA se refieren sobre todo a la ausencia de comunicación por parte de algunas aeronaves, que “se introducen en los espacios aéreos congestionados sin someterse a coordinación previa, provocando con ello situaciones de enorme riesgo”.

“Uno de los sucesos reportados afecta a varios hidroaviones Canadair (los más grandes que trabajan en un incendio), que en un vuelo en formación para la descarga de agua se vieron forzados a abortar la maniobra en corta final para evitar una colisión con dos helicópteros (pertenecientes a una BRIF, Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales), que no habían ni comunicado por radio sus intenciones ni notificado su posición”, aseguró.

Además, también se ha producido la caída reiterativa de cestas de agua (‘bambi’) en cortos períodos de tiempo por parte una misma aeronave o el sobrevuelo de núcleos urbanos o personal a pesar de estar expresamente prohibido.

En el desarrollo de la investigación, el SLTA ha comprobado que estos hechos han sucedido en aeronaves muy concretas, tripuladas por pilotos en su mayoría procedentes de servicios distintos al de la operación de incendios forestales, en la cual sólo permanecen unos pocos meses, o incluso días durante el verano.

Por ello, el SLTA exigió el compromiso de la Administración para “acabar con estas prácticas fraudulentas que atentan contra la seguridad, ponen en riesgo a las personas y manchan el buen nombre del resto del colectivo de pilotos, altamente profesional, responsable y comprometido con su compleja labor”.