En un comunicado, la organización reprochó a Agricultura que “sigue convocando reuniones de las que no sale ninguna solución”, y consideró que la responsabilidad del Gobierno, que “no está asumiendo”, consiste en tutelar que el mercado “no se vea alterado por prácticas abusivas de la industria, importaciones agresivas y disfunciones de la cadena alimentaria”.

No obstante, valoró que finalmente se reconoce la existencia de una crisis que “hasta hace poco se negaba”, reduciéndola a “problemas puntuales” según trasladó el ministerio a la Unión de Uniones en la última reunión mantenida al respecto.

En este sentido, lamenta que frente a una situación de precios que “hasta el presidente Rajoy ha calificado de profundamente injustos para el ganadero, el ministerio deposita en la buena voluntad de la industria y la distribución la mejora de los precios al productor sin establecer un objetivo de referencia y sin considerar que la ausencia de esa buena voluntad, incluso la existencia de mala voluntad, es la que nos ha conducido a la situación actual”.

De esta forma, la Unión de Uniones dijo sospechar que el Ministerio “o no tiene un diagnóstico sobre los motivos de esta crisis, o lo que es más grave, mira para otro lado”. “La inhibición del Ministerio en sus responsabilidades no es excusable ni siquiera en sectores en sobreproducción, pero resulta inadmisible en el sector lácteo en el que sólo contamos con una producción de 6,5 millones de toneladas para abastecer una demanda de 10 millones, porque denota que existen causas más allá del funcionamiento normal del mercado”, añadió.

En esta línea, indicó que si Agricultura pide a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que evalúe la legalidad del acuerdo francés de precios, igualmente “debería ordenar la investigación, y reclamar lo propio de las autoridades comunitarias”.

Así, reclama al departamento de Isabel García Tejerina que, al margen de otras medidas de apoyo a los ganaderos, emprenda actuaciones para aclarar la situación y que multiplique la dotación en medios y personas de la AICA para que dicho organismo puede ejercer sus funciones de control y sanción.