Así lo señaló este miércoles la directora general de Tráfico, María Seguí, en una comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para explicar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 correspondiente a su organismo.

De esta forma, la DGT pretende llegar a los 100.000 controles preventivos de drogas ilegales, con lo que, según añadió Seguí, continuará “una de nuestras más novedosas y efectivas herramientas de intervención para la mejora de la seguridad vial durante esta legislatura”.

Esos 12 millones irán a potenciar actuaciones de detección de consumo de drogas durante la conducción, tanto para adquisiciones de los suministros necesarios para la toma de muestras de saliva a conductores en controles preventivos como para la realización de los análisis posteriores de las muestras.

Por otro lado, Seguí indicó que el presupuesto de la Jefatura de Tráfico para 2016 está enfocado a “mejorar la seguridad viaria” y asciende a 893,26 millones de euros, cerca de 26 millones más respecto a las cuentas de 2015 y una cantidad “muy comparable al que tuvo la DGT en 2007”. “Será nuestro tercer año consecutivo de aumento presupuestario tras cinco años consecutivos de reducciones”, añadió.

MENOS MULTAS

El 59,8% de los ingresos procederán de tasas (534,47 millones de euros, un 5,6% más que en 2015) y un 39,8% llegarán de las sanciones impuestas a los conductores que cometan infracciones (355,91 millones, un 1,4% menos).

Así, Seguí recalcó que continuará “la tendencia de disminución porcentual de la dependencia presupuestaria del organismo en lo que concierne a las sanciones que fue iniciada bajo mi dirección en el presupuesto de 2013”.

“Como vengo diciendo desde entonces, no queremos que la DGT crezca a expensas de emitir más sanciones”, apostilló, antes de asegurar que los ingresos en este capítulo se han reducido en un 13,1% desde 2012.

A pesar de que bajarán los ingresos por las multas, Seguí aseguró tajantemente que será sancionada cuanta violación de las normas sea detectada durante la vigilancia de las carreteras.

Por otra parte, los gastos de la DGT se distribuirán entre el capítulo de seguridad vial (754,5 millones de euros, un 2,8% más que en 2015) y el de transferencias internas (138,7 millones, un 6,9% más), este último con aumentos relacionados con la gestión centralizada del tráfico.

Tráfico prevé gastar 133,6 millones de euros en inversiones reales (un 10% más) y desarrollará acciones para reducir la congestión en las vías interurbanas y en mejorar la movilidad de la población que circula por las carreteras.

Seguí apuntó que el próximo año coexistirán el modelo de los siete centros de gestión del tráfico, que actúan fundamentalmente en autopistas y autovías salvo en Cataluña y el País Vasco, y otro con el que la DGT pretende “llegar a todos los usuarios de todas las vías, sean conductores de vehículos, motoristas, ciclistas o peatones”.

Por su parte, la portavoz del PSOE, María Virtudes Cediel, señaló que el presupuesto de la DGT en materia de seguridad vial es “electoralista” porque “prevé una bajada de ingresos por sanciones poco creíble” conjuntamente con “más inversión en vigilancia”.

Concha Bravo, del PP, contestó a Cediel calificando el presupuesto de Tráfico de “realista, serio, riguroso, pragmático y, sobre todo, eficiente”, al tiempo que persigue como objetivos la reducción del número de víctimas de accidentes, garantizar una movilidad segura y acelerar la gestión telemática de los trámites administrativos de conductores y vehículos.