En la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, el secretario de Estado explicó que ahora que se ha cumplido el primer quinquenio desde su entrada en vigor se puede hacer una “valoración objetiva”, y señaló que el conjunto de las comunidades considera que “necesita de una reformulación” para “adecuarlo” a las necesidades reales y corregir los “desequilibrios que se han percibido”.

De esta manera, en septiembre se va a convocar a las comunidades autónomas para que hagan una valoración del modelo, cuya parte más importante está relacionada con el reparto de los recursos obtenidos por la recaudación de impuestos.

Beteta quiso dejar claro que el actual “contexto económico de éxito colectivo no hubiera sido posible sin el compromiso constante de todas las comunidades autónomas y las administraciones locales”.

Además, señaló que en las medidas de apoyo financiero para las comunidades autónomas no han buscado “en ningún caso la discriminación”. En este sentido, recordó que “quienes mayores apoyos” han recibido han sido la Andalucía del PSOE y la Cataluña de CiU, gobiernos con los que “muchísimo nos separa”.

“Pero ahí viven españoles”, dijo el secretario de Estado, para añadir que la Constitución mandata al Gobierno central a garantizar los servicios públicos en todo el territorio.

Según los datos aportados por el responsable de Administraciones Públicas, el Estado ha inyectado 184.433,5 millones de euros a las comunidades autónomas entre 2012 y 2015.