En un comunicado, la organización denuncia que, valiéndose de un real decreto de diciembre de 2012, las compañías vienen notificando a los usuarios el cambio en sus condiciones contractuales, que afecta a los recibos con domiciliación bancaria.

"El ministro de Industria está muy preocupado por que haya tantas familias que no pueden hacer frente al recibo de la luz, pero no por sus dificultades económicas, la carestía de las tarifas y las alarmantes cifras de pobreza energética”, criticó el portavoz de Facua, Rubén Sánnchez.

A su juicio, “lo que le preocupa a Soria es que las eléctricas tarden en cobrar", motivo por el que, según Sánchez, “ha reducido el plazo que tienen los usuarios para pagar, facilitando que se aceleren los cortes de suministro y que aumente la cuantía de las penalizaciones por abonar las facturas con retraso".

La norma en la que se amparan las eléctricas para reducir el plazo de pago a siete días es un real decreto de 2012 que fija el tope para los usuarios con la tarifa PVPC (la antigua TUR) y para los que hayan contratado tarifas de mercado libre.

No obstante, se trata de un plazo que no afecta a los clientes que no paguen mediante domiciliación bancaria, que seguirían acogidos a los 20 días establecidos en la normativa anterior a dicho Real Decreto.

En las últimas semanas, los clientes de Iberdrola están recibiendo sus nuevas condiciones contractuales, apuntó Facua, que detalló que en ellas además del plazo de pago de siete días desde la recepción del recibo, se establece unos intereses de demora que ahora se aplican transcurridos siete días desde que se recibe la factura, cuando antes eran pasados veinte días.

“FALTA DE SENSIBILIDAD”

De esta forma, Facua lamentó la “falta de sensibilidad” del Gobierno con la problemática situación económica que atraviesan millones de familias. De hecho, el citado Real Decreto se aprobó precisamente el año en que las cifras de cortes de suministro por impago fueron las más altas de la historia.

En el caso de los usuarios con la tarifa PVPC, el procedimiento y el plazo para cortar la luz por impago sigue siendo el establecido en la legislación desde hace 15 años. Entonces, un real decreto estableció que las distribuidoras pueden suspender el suministro "cuando hayan transcurrido al menos dos meses desde que les hubiera sido requerido fehacientemente el pago".

Sin embargo, Facua alerta de que los usuarios que hayan abandonado el PVPC para contratar tarifas de mercado libre pueden sufrir cortes por impago en plazos muy inferiores, ya que estos dependen de lo establecido en sus contratos.

La asociación critica que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo no haya establecido en la legislación del sector que estos contratos deben someterse a los mismos plazos para la suspensión del suministro que los de PVPC.