“La naturaleza de los hechos aconseja un especial celo y diligencia en la investigación y un agotamiento más allá de lo normal, habida cuenta de su gravedad”, indican a Garzón los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El tribunal ha tomado esta decisión después de estimar los recursos interpuestos por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y por Dignidad y Justicia contra el rechazo de Garzón a practicar las nuevas diligencias que habían solicitado.

En concreto, la Sala de lo Penal ordena a Garzón que tome declaración a Carlos G., el mando de la Policía Nacional que fue el máximo responsable del operativo contra el bar "Faisán" y que también fue el autor del informe policial sobre el chivatazo. El juez de la Audiencia Nacional también deberá tomar declaración a dos funcionarios policiales, de nombres Unai y Sugoi, que formaban parte del equipo de Germán.

Los magistrados de la sala ordenan a Garzón practicar estas diligencias porque dan por sentado que el autor del chivatazo fue un miembro de la Policía Nacional involucrado en el operativo contra el aparato de extorsión de ETA.

“Parece que el círculo de posibles autores está y debe estar dentro del grupo de funcionarios policiales que, por una y otra razón, tenían conocimiento de la operación que se iba a realizar”, señala el auto dictado este lunes, del que ha sido ponente el magistrado Enrique López.

"Estos hechos constituyen delito de revelación de secretos y de colaboración con banda armada, hechos que de ser realizados por miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado adquieren una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España", indican los magistrados.

PUNTO MUERTO

El pasado 5 de octubre, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó al juez Garzón el archivo de la investigación al entender que en tres años de instrucción no se ha podido demostrar quiénes fueron los autores del presunto chivatazo.

El departamento dirigido por el fiscal jefe Javier Zaragoza sostiene que tampoco se ha podido demostrar la tesis que asegura que fue un inspector de la Brigada de Información la persona que entregó un teléfono móvil al dueño del bar "Faisán", Joseba Elosua.

Esta hipótesis afirma que a través de este teléfono móvil, el propio jefe superior de Policía del País Vasco, actuando por orden del que fuera director general de la Policía Nacional Víctor García Hidalgo, alertó a Elosua de la operación policial contra la red de extorsión de ETA.

LLAMADAS TELEFÓNICAS

De forma complementaria, los magistrados de la Sala de lo Penal ordenan a Garzón que solicite a las autoridades francesas toda la documentación relativa al análisis del tráfico de las llamadas de la cabina telefónica desde la que llamó el propietario del bar "Faisán", Elosua, tras cruzar la frontera después de ser alertado de la operación y de su inminente detención.

Por último, el auto establece que Garzón deberá solicitar a Francia los datos del seguimiento telefónico realizado sobre el etarra José Antonio Cau Aldanur, enlace del aparato de extorsión.

En cambio, la Sala de lo Penal no ordena a Garzón dejar la investigación en manos de la Guardia Civil, tal y como solicitaban AVT y Dignidad y Justicia.