La organización lamentó que, de las 371 denuncias en materia de accesibilidad que llegaron al CASB entre los años 1999 y 2014, ninguna haya concluido en sanción. Asimismo, afirmó que existen locales y recintos que, a día de hoy, “no reúnen las condiciones mínimas de accesibilidad” -como puede ser la adaptación de los baños o el acceso mediante rampas- mientras el organismo competente en esta materia, el CASB, no hace “nada para para promover la incorporación de medidas de accesibilidad", según comunicó Famma en una nota de prensa.

Para Famma, este Consejo no exige el cumplimiento de la ley para eliminar barreras y pospone el cumplimiento de la normativa hasta su fecha tope, 2017. Este modo de actuación del CASB supone, tal y como criticó esta organización, una estrategia de dilatación que tiene como objetivo evitar sanciones. Algo que desde el punto vista legal es permisible pero que radica en una exclusión para las personas con discapacidad.

Para Javier Font, presidente de Famma-Cocemfe, “la fecha del 2017 no debe ser una excusa que permita vulnerar la ley y seguir discriminando a las personas con discapacidad”, y subrayó que “las barreras arquitectónicas propician la mayor vulneración de derechos fundamentales para las personas con discapacidad”, al relegarlas de su participación social y restringir su libertad de movimiento.

En este sentido, a juicio de Famma, el CASB debería asumir un papel proactivo en materia de accesibilidad, fomentando a todos los niveles la accesibilidad o promoviendo sanciones ante los casos más “flagrantes” de incumplimiento de la normativa. Para dicha organización, el CASB incumple sus funciones de “asesoramiento, información, propuestas de criterios de actuación y fomento de la accesibilidad”, recogidas en el artículo 3 del reglamento que rige su funcionamiento.