En un comunicado, las cuatro ONG consideran que las actuaciones realizadas hasta el momento no demuestran que "hayan desaparecido los indicios de delito", por lo que tacharon la decisión del juzgado de "prematura".

En su opinión, el auto olvida cuestiones esenciales, como que varias pruebas solicitadas no han sido aportadas. Entre estas, citan informes clínicos sobre lesiones de las personas devueltas a Marruecos y la solicitud de testificación de la persona que acompañó a uno de los heridos al hospital de Nador.

Consideran que el juez se centra sólo en el momento en que una de las personas inmigrantes "es golpeada" mientras desciende de la valla, "pero olvida los graves hechos que se observan después, cuando en estado de inconsciencia, esta es esposada, arrastrada y trasladada en volandas hasta el vallado sin recibir asistencia sanitaria antes de ser devuelta a suelo marroquí".

Aseguran que las Fuerzas de Seguridad del Estado "debían haber garantizado la asistencia sanitaria de forma inmediata y facilitar el transporte del inmigrante a un centro de salud", agregaron. A su juicio, estamos ante "un trato claramente degradante que no aparece en ningún momento reflejado en el auto del juez".

Además, las ONG recordaron que el juez no se ha pronunciado sobre la existencia de un posible delito de coacciones, así como que, incluso en el caso de que las lesiones no fuesen graves, "los golpes propinados por los agentes podrían ser constitutivos de un delito leve, una falta, según el anterior Código Penal".