El guardia civil desempeñaba su tarea como agente de la ley en Zaragoza. Según los hechos probados, solía entrar vestido de uniforme en casas, donde golpeaba brutalmente a sus ocupantes y les inmovilizaba con esposas para robarles drogas o joyas.

El encausado fue condenado por el Juzgado de lo Penal número dos de Zaragoza a siete años y medio de prisión. El Ministerio del Interior decidió entonces su expulsión del cuerpo. Ahora el Alto Tribunal ratifica la expulsión en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier de Mendoza Fernández, rechaza los argumentos del recurso y estima que la condena penal constituye una falta muy grave que justifica su salida de la Benemérita.

El Supremo entiende que el ex guardia civil causó “grave daño” a sus víctimas por la violencia con la que los redujo y afectó negativamente a su patrimonio haciendo uso de su uniforme reglamentario. Este hecho perjudicó además la imagen del cuerpo, que “quedó seriamente dañada”.

Concluye que la condena por robo y lesiones es “sin atisbo de duda” una razón suficientemente justificada para ser sancionado disciplinariamente, por lo que confirma la idoneidad de su expulsión.