La institución que dirige Becerril plantea que esta equiparación podría hacerse mediante una reforma de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, o en el marco de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, según informó hoy el Defensor del Pueblo.

Becerril considera conveniente abrir una reflexión sobre la conveniencia de equiparar estas indemnizaciones, teniendo en cuenta el elevado número de víctimas de ETA que no dispone de sentencia condenatoria y las dificultades objetivas en muchos casos para dictar sentencia.

Así, recuerda que las víctimas sin sentencia, además del sufrimiento principal producido por el crimen, padecen también el derivado de la ausencia de condena a los responsables.