Este reglamento, que tendría que aprobarse mediante real decreto, debe estar en vigor antes del 3 de diciembre de 2015, según ordena la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, promulgada en 2013, que otorgaba un plazo de dos años para la adopción de este desarrollo reglamentario.

La futura norma tendría por objeto regular las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación, en todo el territorio español, de las personas con discapacidad a los bienes y servicios a disposición del público, entre los que se encuentran los educativos, sanitarios, de consumo, de ocio y turismo, deportivos, etc., según explica el Cermi en una nota.

Este reglamento que falta por aprobar se uniría a los ya adoptados en desarrollo de la Ley 51/2003 en ámbitos como edificación y urbanismo, transportes, telecomunicaciones y sociedad de la información, relaciones con las Administración del Estado y procesos electorales, con lo que se cerraría el círculo de la normativa estatal en materia de accesibilidad universal.