Estas reivindicaciones se hicieron en el inicio del trámite parlamentario para modificar el FAD, creado en 1976 con el objetivo de apoyar e impulsar el desarrollo de otros países y apoyar la internacionalización de las empresas españolas.

Ahora, el Gobierno pretende modificar el FAD, creando el Fondo para la Promoción del Desarrollo (Fonprode) y el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM). El primero de ellos es el que se debatió hoy en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso.

Se trata de un compromiso pendiente del Gobierno desde la pasada legislatura. El funcionamiento del FAD recibió numerosas críticas de partidos políticos y ONG, en especial cuando aportó 500.000 euros para la bóveda que Miquel Barceló diseñó para el Palacio de Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza).

En el arranque de las comparecencias parlamentarias intervinieron Eduardo Sánchez, presidente de la Congde; Marina Navarro, coordinadora de la Campaña del Milenio de Naciones Unidas en España; María Sagrario García, integrante de la campaña "Quién debe a quién"; Daniel Gómez-Olivé, investigador del Observatorio de la Deuda en la Globalización, y Verónica Hernández, responsable de Financiación al Desarrollo de Intermón Oxfam.

La Congde señaló que la reforma del FAD presenta carencias, como la inexistencia de una regulación de obligado cumplimiento en materia de transparencia y rendición de cuentas, derechos humanos y financiación de proyectos con altos costes medioambientales, económicos, sociales o culturales.

Además, precisó que el proyecto de ley del Fonprode tendrá difícil dotar de mayor eficacia a la política española de cooperación si se mantiene la ayuda ligada a intereses españoles.

Subrayó que, con el proyecto de ley del Fiem, las exportaciones de las empresas españolas y la inversión directa en el exterior en ningún caso deben contabilizarse como Ayuda Oficial al Desarrollo, ya que busca el beneficio empresarial español y no el desarrollo real de terceros países.

Además, recordó a todos los grupos parlamentarios que son firmantes del Pacto de Estado contra la Pobreza (2007), que persigue, entre otras cosas, mejorar la calidad de la ayuda oficial al desarrollo y aumentar la coherencia de todas las políticas del Gobierno para posibilitar el desarrollo de los países hoy endeudados.