Según la sentencia, Interior tendrá que incorporar a esta persona al curso de formación preceptivo para ser policía, pero además tendrá que indemnizarle por daños y perjuicios, tras haber visto vulnerados sus derechos, que no podrían ser puestos en tela de juicio por la irrelevancia que su defecto visual podría tener para la prestación del servicio.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia aceptó los argumentos de la Dirección General de la Policía en una sentencia de febrero de 2014, en la que Interior aportó el informe de un perito que señalaba que el aspirante a policía podía realizar trabajos administrativos.

El hombre recurrió al Tribunal Supremo y ahora la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado José Díaz Delgado, indica que en casos leves, como el que se estudia, hay que motivar “no sólo la existencia de la enfermedad” sino justificar “la relevancia que pueda tener en la prestación del servicio”. Algo que no ocurrió en este caso.

Por eso, declara contraria a la ley la resolución dictada por el Ministerio del Interior y confirma el derecho del aspirante a ser nombrado policía-alumno, tras superar la correspondiente oposición, y a que se reconozca su derecho a la indemnización de daños y perjuicios, y a las retribuciones que dejó de percibir desde que el momento en que debió incorporarse al curso de formación.