Tras País Vasco, Baleares y Asturias, Murcia es la cuarta comunidad autónoma que establece legalmente el concierto social como nueva modalidad para la mejor gestión de los servicios sociales de proximidad por parte de las entidades no lucrativas de acción social.

Según el Cermi, las fórmulas tradicionales vigentes de contratación pública aplicadas con generalidad por las comunidades autónomas tales como el concurso, la subasta, la subvención o el convenio, no son en absoluto adecuadas para la gestión de servicios sociales de proximidad, restando eficacia y calidad a las prestaciones públicas y poniendo en riesgo los apoyos a la inclusión y al bienestar de las personas con discapacidad y sus familias.

Por ello, destaca que el nuevo gobierno murciano, "a impulsos de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás", ha promovido este cambio por la vía de urgencia, para evitar las grandes dificultades que la normativa de contratación pública estaba ocasionndo a las entidades sin ánimo de lucro que gestionan servicios sociales.

Por eso, a la espera de que el Estado transponga al derecho español las directivas europeas del año 2014 sobre contratación pública, que deberán traducirse en una nueva ley de contratos del sector público, el Cermi reclama a las comunidades autónomas que establezcan mediante los cambios de sus leyes de servicios sociales el concierto social en su ámbito de actuación.