La federación denunció en un comunicado que esta ley "rompe de manera flagrante con el diseño del sistema sanitario público" establecido por la Ley General de Sanidad, que se basa en la integración e integralidad de las atenciones del sistema sanitario, en el desarrollo de la Atención Primaria de Salud y en la territorialización de los servicios sanitarios.

También considera que esta norma entra en contradicción con la estrategia AP21 aprobada por el Consejo Interterritorial de Salud y que en Madrid quedará "totalmente vacío de contenido" tras la ley.

En opinión de la Fadsp, todos estos motivos "eran más que suficientes para que el Ministerio de Sanidad impugnase una norma que conculca los principios vigentes de nuestro sistema sanitario, por lo que su actitud resulta incomprensible".

Pensamos por lo tanto que se trata de una decisión claramente equivocada y decepcionante y por otro lado resulta difícilmente entendible que el propio Ministerio hubiera planteado la posibilidad de recurrir sin haber meditado suficientemente la viabilidad del recurso.