Así se puede escuchar en la grabación de las declaraciones de los 92 imputados en la investigación de la red de pago de comisiones a cambio de contratos públicos que el magistrado de la Audiencia Nacional trata de esclarecer y a la que tuvo acceso Servimedia.

De Pedro sostiene ante el juez que la Comunidad de Madrid le debía 120.000 euros por su labor de posicionamiento de distintas instituciones en redes sociales, aunque nunca hubo facturas de por medio, ni contratos firmados. Sólo tiene en su poder correos electrónicos que acreditan que sus interlocutores reconocían la deuda.

De Pedro señala a la responsable de comunicación del PP madrileño Isabel Gallego, como la persona que requirió sus servicios. Finalmente, se reunió con el vicepresidente del Gobierno de la comunidad, Salvador Victoria, para hablar de los impagos.

Según relata el empresario al juez, Victoria le tranquiliza sobre el cobro de sus servicios. “Me dijo que no me preocupara, que me iban a pagar”, pero la deuda no se saldaba y acabaron remitiéndole a un futuro contrato con el Canal de Isabel II.

10.000 EUROS

A partir de ese momento su interlocutor será el director general de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, que le informó de la adjudicación de un contrato de 10.000 euros.

De Pedro explica literalmente al juez: "Me dijeron que asistiera a un sitio, asistí, y cual fue mi sorpresa que tenía un sobre en el asiento, y me dijo coge el sobre y sal por la puerta, con 10.000 euros". Anticorrupción cree que esa persona podría haber sido el directivo de Indra Santiago Roura, también imputado en el caso, pero el interrogado no lo confirma.

El magistrado interrogó también a José Martínez Nicolás, al que preguntó si estaba al tanto de “pagos ilícitos a empresarios por parte de la empresa Canal de Isabel II a instancias de Salvador Victoria". "Constancia no tengo. Ahora soy consciente de que hay un runruneo", reconoció al juez.

El magistrado le pregunta también si un informe que obra en su poder “puede valer 3.000 euros al mes” a lo que Martínez responde que “el precio depende de los recursos que dedique la empresa. “¿Y si le digo que este no lo hizo ni media persona?”. “Una persona puede hacerlo. Uno incluso puede hacer varios”, reconoció.