Según informó hoy la Policía, las investigaciones se iniciaron en mayo de 2014, cuando, a través de la Subdelegación del Gobierno en Jaén, se recibió un informe que relataba que en el Consulado General en el sur de China, en la ciudad de Cantón, había llamado especialmente la atención que en un mes se hubiesen concedido por parte de este organismo cinco autorizaciones de trabajadores extranjeros en puestos de poca o ninguna cualificación o de difícil cobertura.

El informe destacaba que los trabajadores que habían solicitado la tramitación de las autorizaciones pertenecían a la misma provincia en China, Fujian, y que las empresas contratantes se repetían y pertenecían a una misma familia, lo que llevó al descubrimiento de siete empresas que contrataban trabajadores ilegales para obtener un visado.

Las pesquisas desvelaron que dichas empresas habían tramitado 82 expedientes entre 2005 y 2014, para un total de 42 personas, pese a no existir concordancia entre el volumen de trabajo de las mismas y el personal contratado.

También se comprobó que los trabajadores eran dados de baja de forma automática al año de hacerse efectiva la contratación y se supo que una de ellas había realizado desde el año 2010 un total de 16 trámites de regularización, por cada uno de los cuales los inmigrantes abonaron cantidades de entre 8.000 y 10.000 euros.

Como resultado de estas investigaciones, la Policía Nacional detuvo a seis personas en Jaén, de nacionalidades española y china, acusadas de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental, contra los derechos de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal. Asimismo, en los dos registros domiciliarios se intervinieron equipos informáticos, memorias externas, teléfonos móviles, tarjetas SIM, documentación y dinero en efectivo.