Según informó Exteriores, este mecanismo ‘ad hoc’ se articularía en una serie de reuniones informales a nivel técnico para intercambiar información y mejores prácticas con el propósito de mejorar la cooperación regional en “asuntos de interés mutuo”, y no abordarían cuestiones de soberanía o jurisdicción.

De este modo, el Gobierno cree que la puesta en marcha de este mecanismo constituiría “una oportunidad para mejorar la confianza y el entendimiento con vistas a mejorar las relaciones de vecindad”.

En este mecanismo participarían España y el Reino Unido, así como las “autoridades locales” de Gibraltar, la Junta de Andalucía y la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. La Comisión Europea sería invitada a participar como observadora.

España justifica la reiteración de su propuesta en el “nuevo panorama institucional” posterior a las últimas elecciones autonómicas y municipales, una vez constituidas la Junta de Andalucía y las corporaciones locales, y habiéndose elegido un nuevo presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

En ese sentido, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, reconoció el pasado mes de febrero, en una rueda de prensa conjunta con su homólogo británico, Philip Hammond, “avances” para la puesta en marcha de este mecanismo de conversaciones.

De esta manera, se avanza en la propuesta británica del año 2012 para avanzar en los litigios que enfrentan a las partes en conflicto, después de que el Foro Tripartito quedara paralizado en 2010 y suspendido en 2012.

En ese sentido, el jefe de la diplomacia española instó al Gobierno británico a cumplir su compromiso reflejado en la Declaración de Bruselas del año 1984 en la que se sentaron las bases de un nuevo proceso negociador encaminado a solucionar todas las diferencias sobre el Peñón, incluidos los asuntos relacionados con la soberanía.

Del mismo modo, Margallo defendió que los foros ‘ad hoc’ pueden ser el lugar idóneo para tratar de “manera afectiva y amistosa” los asuntos que afectan a las poblaciones de “ambos lados de la frontera”.