La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado debatió hoy cinco vetos (de CiU, EPC, PNV, IU y ERC) y 82 enmiendas (22 del PSOE, 12 de CiU, 31 de EPC, 8 del PNV y 9 del Grupo Mixto) presentadas al texto.

Todos los vetos fueron rechazados y únicamente se aprobó una enmienda de CiU, que transaccionaron todos los grupos parlamentarios salvo el PSOE y EPC, y que deberá ser refrendada definitivamente en el Congreso. Los votos del PP bastaron para sacar adelante el texto en su conjunto, frente a la abstención del PSOE y el voto en contra de CiU, EPC, PNV y ERC.

La enmienda aprobada señala que las personas que trabajan en centros e instituciones el Sistema Nacional de Salud podrán disfrutar de un permiso para desarrollar labores de voluntariado en emergencias humanitarias con una duración generalmente de tres meses, que podrá prorrogarse de forma extraordinaria hasta medio año.

De esta forma, la ley facilita la actividad de cooperación en emergencias humanitarias a profesionales de la sanidad pública, con un permiso no retribuido o remunerado parcialmente, siempre en proyectos de ONG u organismos internacionales avalados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

NO MÁS GASTO PÚBLICO

Por otro lado, la ley prohíbe de las labores de voluntariado a quienes tengan antecedentes penales no cancelados por delitos de violencia doméstica o de género; por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, o por delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas.

Además, excluye a quienes hayan recibido condena por delitos de terrorismo, que no podrán ser voluntarios en programas cuyos destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de estos delitos.

El texto aprobado por el Senado, que derogará la Ley del Voluntariado de 1996, cuenta con una disposición final que aclara que las medidas incluidas en la norma “no podrán suponer incremento del gasto público”, algo criticado por varios portavoces en el Senado.

Así, Encarnación Llinares (PSOE) afirmó que algunos de los contenidos incluidos en la ley “no se podrán llevar a cabo” ante la falta de provisión de fondos económicos; María Teresa Rivero (CiU) recalcó que la norma supone defiende “un impulso del voluntariado”, lo que entra “en contradicción” con la prohibición de más dinero público, y Jordi Guillot (EPC) consideró que la norma será “papel mojado” por este motivo.

Otra discrepancia mostrada por algunos representantes de la oposición es la injerencia que, a su juicio, supone la ley respecto de las competencias autonómicas en materia de voluntariado, algo rechazado por las portavoces del PP, María del Carmen Dueñas y Coloma Francisca Mendiola.