A través de un comunicado, los abogados valoraban así a la información publicada este miércoles por el diario 'El Mundo', que explica de que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, promovida por el Ministerio del Interior, ha permitido que la Policía Nacional denuncie en Madrid por "exhibición" de su cuerpo a una mujer captaba por una red de prostitución.

El CGAE destacó que este caso saltó a los medios de comunicación gracias a la denuncia de la asociación Apramp. En este sentido, los letrados aseguraron que casos como este les causan "preocupación" y critican que la denuncia en Madrid a esta víctima de la trata están contempladas en el artículo 37.5 de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

La Abogacía añadió que "no podemos obviar que la mayor parte de las mujeres que están en la calle están captadas por redes de trata con fines de explotación sexual y acarrean una “deuda económica” con sus explotadores. El hecho de que los cuerpos de seguridad interpongan denuncias que llevan implícitas el pago de una multa a una mujer víctima de trata incrementa enormemente su desprotección, su miedo y su “deuda”.

"EXTREMA VULNERACIÓN DE DERECHOS"

Según el CGAE, si el propósito del Gobierno es desarrollar un Plan Integral de lucha contra la trata que incluya, lógicamente, la protección a las víctimas, "no se deben amparar, bajo ningún pretexto, actuaciones de este tipo".

Para los letrados, la trata de niñas y mujeres con fines de explotación sexual es a día de hoy "una de las más grandes lacras" de nuestra sociedad por la "extrema vulneración de los derechos humanos más básicos que representa. Como abogados, asumimos la responsabilidad social que nos corresponde en defensa de los derechos de las personas que se encuentran más desprotegidas", afirmaron.

Los abogados concluyeron que un problema de tal envergadura requiere la colaboración y el esfuerzo de coordinación de todos los actores implicados, tanto públicos como privados, insisten los letrados. Pero también, y de forma especial, exige el compromiso y la concienciación de toda la ciudadanía. "Nadie debe permanecer impasible ante el régimen de esclavitud y explotación que padecen otras personas", concluyen.